EL ABSENTISMO LABORAL SE HA INCREMENTADO UN 10,69% EN GALICIA

El Director Gerente de Mutua Gallega, Javier Flórez Arias, ha participado hoy en el II Friday Business Network con la ponencia “El absentismo laboral en la empresa”

El absentismo laboral en general en Galicia presenta un crecimiento interanual del 10,69% (algo superior al nacional con un 10,42%). En Galicia, a lo largo de 2017, 61.483 trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo por diferentes motivos, lo que supone un coste directo e indirecto de 4.730 millones de euros.

Así, lo ha detallado Javier Flórez Arias, director Gerente de Mutua Gallega, que ha participado esta mañana en el II Friday Business Network con la ponencia “El absentismo laboral en la empresa”. Esos 4.730 millones de euros se puede desglosar del siguiente modo: 390 millones en prestaciones económicas de la Seguridad Social; 325 millones de coste a cargo directo de las empresas y 4.015 millones de euros en coste de oportunidad. “Los costes del absentismo laboral son un claro factor de competitividad y de eficiencia que condicionan la sostenibilidad y el crecimiento”, ha aseverado Flórez Arias. El absentismo laboral se define como toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un día laborable dentro de la jornada legal de trabajo.

Existen diferentes tipos de absentismo laboral: previsible y justificado; no previsible y sin justificación y el presencial. Existen diferentes factores que pueden influir en el absentismo laboral como los personales, demográficos, responsabilidades familiares, aspectos sanitarios, normas sobre ausencias en la empresa; contexto social; presión de los compañeros; características del trabajo; factores económicos externos y factores legales. Flórez Arias ha detallado los costes directos e indirectos del absentismo laboral.

En el primer grupo enumeró las cotizaciones sociales, complemento voluntario, indemnizaciones y sanciones, salarios, subsidio ITCC y la pérdida de productividad; dentro de los indirectos: las horas perdidas por mandos intermedios, horas perdidas por consultas y asistencia sanitaria, clima laboral deteriorado, sustituciones, horas perdidas por Recursos Humanos y, en definitiva, pérdida de productividad.

Las principales causas son la incapacidad temporal (un 74%), la maternidad o paternidad, REL, permisos, conflictividad laboral, ERE, actividades sindicales, formación y las no justificadas. La incapacidad temporal se refiere a las situaciones debidas a enfermedad común o profesional, así como accidente, sea o no de trabajo, mientras el empleado reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para su trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante este periodo puede ser dado de alta médica por curación. En este apartado se incluyen los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis, siempre que se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

Las contingencias profesionales en Galicia tuvieron una incidencia de 2.838 procesos iniciados de media al mes, lo que supone un incremento del 4,41% respecto a 2016 (el mismo incremento que en la estadística estatal), con una duración media de 50,36 días, muy por encima de la media nacional que se sitúa en 37,29. Por provincias, la duración media de estos procesos en 2017 se sitúa en 65,55 en Lugo; 49,27, A Coruña; 48,23, Pontevedra y 48,01 en Ourense. Respecto a los accidentes de trabajo, Galicia sumó el 5,37% de accidentes leves, el 11,54% graves y el 9,09% de los accidentes mortales del total nacional. Por contingencias comunes, el promedio mensual de procesos iniciados en Galicia en 2017 asciende a 13.657, un 6,53% más que en 2016. En este apartado, el aumento interanual estatal se sitúa en el 8,88%.

La duración media es de 63,56 días en Galicia, mientras que en todo el Estado es de 38,97. Respecto a los diagnósticos, ocho patologías suponen más del 52% de los procesos y casi el 34% de los días de incapacidad temporal: alteraciones de la espalda no especificados, esguinces y torceduras de tobillo y pie; contusión de miembro inferior, de otros sitios y sitios neom; herida abierta de dedos de la mano; tendinitis intersecciones periféricas y síndromes conexos; alteraciones de la columna cervical; contusión de miembro superior; esguince y torceduras de otras partes neom de la espalda. El 40% de los procesos de baja por enfermedad común están recogidos en 15 diagnósticos y el 28% de los días de incapacidad temporal, destacando las alteraciones de la espalda no específicas, los trastornos de ansiedad, disociativo y somatomorfos, la gripe y las alteraciones de la columna cervical. Las mutuas se encargan de gestionar el control y seguimiento de la prestación económica con actos dirigidos a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y los requisitos que condicionan el nacimiento o el mantenimiento del derecho, así como los exámenes y reconocimientos médicos.

Asimismo, las mutuas gestionan las pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de la baja, previa autorización del médico del Servicio Público de Salud y consentimiento informado del paciente. Para concluir, Flórez Arias ha explicado que, por parte del sector de Mutuas se están realizando una serie de propuestas de mejora de la gestión y de los resultados de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que, hasta la fecha, no han tenido la respuesta adecuada.

Además de la propuesta de que se reconozca su capacidad a la hora de emitir altas médicas, se plantean otras medidas como el acceso a la información de la historia clínica del paciente, la posibilidad de que la Mutua proponga el alta médica y esta tenga efectos jurídicos en patologías traumatológicas, impulsar la colaboración de todas las entidades implicadas en la gestión de las prestaciones, revisión de los tiempos de duración óptima o establecer un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias comunes.

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